En esta instancia, compartimos algunas de las preocupaciones observadas en la implementación de la ley 21.643 (ley Karin), como por ejemplo;

1.- que pese a estar contratados por el código de trabajo, (DAEM; DEM y/o CORMUN), algunas ICT no reciben denuncia, derivando al denunciante a la CGR.

2.- que las denuncias que se logran ingresar a las ICT, las responden con una respuesta tipo, señalando que lo denunciado no corresponde a la ley Karin.

3.- que las denuncias recogidas por CGR demoran más de los 30 días que demora cerrar el caso cuando es denunciado según código del trabajo. Que es necesario revisar los tiempos de tramitación.

4.- que no hay claridad si a las y los Asistentes de la Educación de municipalidades les corresponde denunciar vía Código del Trabajo o Contraloría General de la República.

5.- que las medidas de resguardo finalmente revictimizan a la victima, en el sentido que es esta quien es apartada de sus funciones, y quien agrede se mantiene en los espacios, poniendo en riesgo la sana convivencia y no previniendo este tipo de conductas.

6.- que las mutualidades no están otorgando la Atención Psicológica Temprana.

7.- que la tardanza de las resoluciones está aumentando el uso de licencias médicas psiquiátricas.

8.- que se debe reforzar la fiscalización de la aplicación de la ley

9.- y que deben existir sanciones a los empleadores que no realicen acciones establecidas en la norma y particularmente las referidas a la prevención.

La directora de la SUCESO, junto al Intendente José Francisco Castro y Mónica Ferrer, Jefa Departamento de Regulación de la Intendencia, agradeció a nuestra Federación por las preocupaciones expuestas y se comprometió a compartir la documentación actualizada de la diversas circulares.

Además dejó cordialmente invitado a nuestros dirigentes, a una serie de Capacitaciones relacionadas con seguridad social.

La Directora nos solicitó ingresar toda denuncia relacionada con el incumplimiento de normativa y de procedimiento respecto a la ley.

Así mismo, quedamos comprometidos a un próximo encuentro una vez promulgada la ley de convivencia escolar, buen trato y bienestar de las comunidades educativas, el la que la SUCESO tendrá un rol relevante.

Leer aquí:

Informe de denuncias por ley Karin entre el agosto de 2024 y junio de 2025.

Estudio «La realidad que revelan las denuncias por ley Karin.

El primero, se refirió a los procesos formativos para nuestro sector. Para ello, Rosa Gaete y Mario Domínguez, coordinadora de formación continua y abogado respectivamente del CPIEP, recogieron la demanda de nuestro sector, de contar urgentemente con acceso a capacitación, profesionalización y perfeccionamiento.
Así mismo insistimos en la idea de crear un Área de Asistentes de la Educación, que se encargue de estos procesos y en la reactivación del Consejo Asesor que existe en el CPEIP.

Por su parte, los representantes del centro de perfeccionamiento, señalaron que era absolutamente posible diseñar un Plan de Formación para nuestro sector, reactivar el consejo asesor y avanzar en procesos formativos, especialmente desde los SLEP.

Respecto a la participación del sector en los procesos formativos y entregó una estadística de cuántos cupos han puesto a disposición por cada año.

El segundo bloque de trabajo, fue la revisión de todo lo relacionado con el pago de bonos y asignaciones.

Respecto al Bono de Desempeño Laboral, Kimberly Pérez, jefa de unidad de bonos, informó que durante las próximas horas, deberían ser transferidos los recursos de las apelaciones del BDL 2024-2025 y que la nómina respectiva será enviada a los sostenedores a su zona privada de comunidad escolar.

Adelantó que, como resultado de la modificación al reglamento de aplicación de este bono, (decreto 123 de 2019), las reclamaciones o impugnaciones (apelaciones) del proceso 2025-2026, deberán realizarse en la propia plataforma SIGE, durante los cinco primeros días hábiles desde la fecha de transferencia.

Respecto al PIR (plan de incentivo al retiro), nos informa que la nómina de seleccionados del proceso 2024, será publicada en Comunidad Escolar en los próximos días.

Matías Sandoval, abogado del equipo jurídico de Bonos, ratificó que la causal de despido señalada en el artículo 33 letra f), “obtención de jubilación” de la ley 21.109 si es aplicable a los que ingresan a un SLEP y a quienes fueron contratados por las municipalidades después del 2 de octubre de 2018 y posteriormente traspasados a estos servicios (inciso primero, artículo octavo, ley 21.109)

Por la tarde, en el tercer bloque, conversamos sobre la salud mental de las y los integrantes de la comunidad educativa y las herramientas que hoy existen para hacer frente a estas situaciones.

Consuelo Hayden, asesora del equipo convivencia y ciudadanía de la DEG (división de educación general) señaló una serie de iniciativas de capacitación sobre salud mental dispuestas por convivencia y participación del MINEDUC.

Insistimos en que para avanzar en mejorar el clima relacional en los establecimientos educacionales, es necesario considerar varios aspectos, como la capacitación a las y los trabajadores, el financiamiento de las leyes 21.545 y 21.643, la reducción de la jornada laboral, la reducción de alumnos por sala, la revisión de la JECD, entre otras.

La asesora ministerial resaltó que en el reciente curso “Asistentes de la educación: actores clave en el bienestar y la salud mental en la escuela”, impartido por el MINEDUC a través de Educar Chile, participaran más de 11 mil Asistentes de la Educación, lo que lo convierte un hito en este sistema asincrónico.

Y en el último bloque, se nos entregó información respecto a los proyecto de ley que modifica la norma 21.040 y el proyecto de ley de Convivencia Escolar y Bienestar de las Comunidades Educativas.

El equipo legislativo integrado por Leonardo Vilches, Juan Paillán y Sebastián Henriquez, informaron que ambos proyectos están en segundo trámite, y que en el caso de la modificación a la ley 21.040, se han

aprobado todas las indicaciones que solicitamos las y los AE con excepción de la indicación que solicita que los integrantes de la comisión técnica sean dirigentes de nuestro sector.

Lamentablemente se ratifica la “obligatoriedad del convenio de transición”, la “extensión de 6 meses a 1 año de oponibilidad” y la “extensión de la implementación de los SLEP hasta el año 2035”, medidas que evidentemente van en contra del bienestar de las y los compañeros y que por cierto, manifestaremos nuestra oposición al respecto.

Reiteramos la solicitud de aplicar los artículos de condiciones laborales establecidos en el estatuto, a la y los Asistentes de la Educación no traspasados. También insistimos en la creación del Consejo de Asistentes de la Educación.
Recordamos ademas el compromiso anunciado por la Subsecretaria de incluir en el debate de la ley de reajuste 2025, estas demandas que el año pasado se habían comprometidos a legislar, pero que finalmente hacienda resolvió no considerar en la discusión.

El martes 12 de agosto, AEFEN fue invitada por la “Asociación de Asistentes de la Educación Municipal, funcionarios de educación “unidos quintero”, AAFEUQ, a una reunión con el Director Ejecutivo del SLEP Costa Central, señor Nelson Zarate.

En la instancia, que contó con la participación del directorio integrado por Johana Mendoza, Teolinda Palacios y Rosario Olivares, la Presidenta de la Asociación de Asistentes n° 1 de la Educación de Quintero Joanna Silva, Susana Calderón, Jefa jurídica, Omar Cortes, Coordinador de vinculación territorial y Leslie Bennier, Subdirectora de gestión de personas integrantes del equipo asesor y nuestra Vicepresidenta y Secretario General. La presidenta comunal solicito capacitación de convivencia escolar para quienes quedaron fuera de la última impartida por Educarchile, expuso sobre los permisos administrativos condicionados por la jefatura directa, igual Protocolo para todos los establecimientos ante accidentes laborales, capacitaciones (convenios), resolver la situación del anexo y dar nuestra opinión sobre la primera liquidación de remuneraciones, solicitando precisar el desglose de cada ítem, la revisión de algunos montos.

Así mismo manifestamos nuestra opinión y postura respecto al pago de los bienios logrados antes del traspaso y el que otorga la ley 21.109.

Coincidimos en lo urgente que es contar con una unificación de jurisprudencia, que permita dar un solo lineamiento al respecto y con ello terminar con la arbitrariedad de cada SLEP, regular y evitar esta conducta en el pago de estos beneficios y dar cumplimiento con lo señalado en las diversas normas que establecen que el traspaso “no podrá significar disminución de remuneraciones” y “que ningún trabajador perderá sus derechos adquiridos”.

Este miércoles 13 de agosto, AEFEN participó de una jornada de trabajo convocada por la Subsecretaría de la Educación, con la finalidad de a bordar en detalle, una a una de las materias señaladas en los diversos oficios enviados como Mesa Nacional de Asistentes de la Educación y como AEFEN al ministerio de Educación y a la DEP.

En esta jornada extensa, solicitada por nuestra Federación Nacional como integrante de la Mesa, logramos exponer la problemática que enfrentamos en la mayoría de los SLEP, como la falta de unificación de jurisprudencia respecto al reconocimiento de iguales beneficios, las faltas a la probidad, la desprolijidad sostenida, el incumplimiento de acuerdos, la implementación de instrumentos de evaluación inconsultos, la vulneración a los derecho establecidos en el artículo tercero y octavo transitorio del estatuto, la aplicación del test de idoneidad psicológica a los traspasados y fuera de tiempo, entre otros.

La subsecretaria Alejandra Arratia, presente en la reunión junto a parte de su equipo asesor, escuchó atentamente cada una de la presentaciones y se comprometió a dar respuestas a cada una de ellas.

Otro tema que alcanzamos a ver, fue el de las 40 horas. Al respecto la subsecretaria, quien estuvo presente durante toda la jornada, señaló que desde el MINEDUC han avanzado respecto al diagnóstico del sector educación y que están a la espera del pronunciamiento financiero de la DIPRES.

Manifestamos nuestra preocupación debido a que nos acercamos a la segunda reducción de la jornada laboral (abril de 2026) y aún no existe un proyecto de ley, por lo que volvimos a solicitar la reactivación de la mesa instalada en diciembre de 2023 en el MINEDUC y que debe ingresar un proyecto de ley antes que termine el año.

La subsecretaria anunció que el pago de las apelaciones del BDL sería antes del 31 de agosto y que la aplicación de los artículos que no irrogan gastos y que guardan relación con condiciones laborales a las y los Asistentes de la Educación no traspasados, iría en la ley de reajuste del sector público 2025.

Al término de la jornada, en la que participaron además parte del equipo asesor de la subsecretaría, de la DEP y de la unidad de bonos, se acordó una segunda jornada extensa para el próximo 27 de agosto, en la que se abordarán temas como la ley 21.109, bonos, violencia y salud mental, inclusión y proyectos de ley en trámite.

Así mismo se programó una nueva jornada de la DEP para el día 9 de septiembre, donde se abordará el tema “remuneraciones y derechos adquiridos”. Para esta jornada, solicitamos que la organizaciones puedan participar con sus respectivos asesores jurídicos, lo que fue acogido por la subsecretaria y la encargada territorial.

Esta jornada tuvo como propósito hacer un análisis de la situación que hoy vive el sector, a razón de los últimos pronunciamientos emitidos por la CGR, que queriendo evitar el abuso de algunos, terminan poniendo en riesgo los derechos de los funcionarios públicos, como pretende el proyceto de ley de licencias, y con ello cuestiona finalmente la noción del Estado y por cierto el rol que juegan las y los trabajadores en el otorgamiento de beneficios sociales.

Se destaca que a pesar de los descuentos, es urgente movilizar al sector, por lo que se acuerda por unanimidad, una paralización nacional para el próximo 3 de septiembre.

También está jornada permitió el encuentro entre las organizaciones que actualmente integran la Mesa del Sector Público y aquellas que han sido excluidas reiteradamente de este espacio, con el propósito de fortalecer la Secretaría estatutaria y sea esta quien continúe las negociaciones con el Estado, ratificando con esto el lema central que todas y todos señalan; unidad, unidad, unidad.

Así mismo, nuestra presidenta y secretario general, conversaron con la encargada de la secretaría de la educación, Paulina Cartagena Vidal, quien al final del día, convocó a la primera reunión de esta secretaría, para el próximo martes 12 de agosto. En esta instancia, participarán todas las organizaciones nacionales de educación inicial, escolar y superior, afiliadas a la Central.

Al término de la jornada., nuestros representantes conversaron con Gabriela Farias y José Pérez, coordinadora ejecutiva de las diversas secretarías y encargado de la secretaría del sector público respectivamente, a quienes le solicitaron garantías de que finalmente todas las organizaciones nacionales afiliadas, serán parte del diseño y respectiva negociación sectorial.

AEFEN se reúne con el equipo asesor de la Diputada Mónica Arce, Presidenta de la Comisión de Educación, para discutir la importancia de la comisión técnica en el proceso de traspaso, la figura del Gestor Territorial, convenios de traspaso y la extensión del calendario de traspaso en el proyecto de ley que modifica la Nueva Educación Pública.

En la oportunidad participó también, la Contralora señora Dorothy Pérez Gutiérrez, quien realizó un acabado análisis en torno a las funciones de control, fiscalización y probidad que ejerce la CGR y en concreto, detalló las gestiones de fiscalización que se han llevado a cabo desde que ella ocupa el cargo de Contralora. Puso énfasis en las fiscalizaciones más mediáticas y que han impactado especialmente a las y los funcionarios públicos, que en pleno uso de licencias médicas han salido del país. 

En relación a educación hizo también referencia a otras revisiones que están en pleno desarrollo, y que podrían generar un gran impacto en temas tan sensibles como la Convivencia Escolar.

Resaltó el rol que tienen los Consejos de la Sociedad Civil, especialmente el perteneciente a esta entidad, en este espacio que está compuesto por representantes de las y los Trabajadores, Fundaciones, ONG, etc., y que tienen la posibilidad de insidir en  las prioridades institucionales, aportar miradas desde los territorios y contribuir a una gestión pública más alerta y participativa.

Cómo Federación pudimos manifestar varias de nuestras preocupaciones, especialmente sobre las denuncias por ley Karin que se hacen a través de la Contraloría, y la extensa espera de aplicación de los procesos, el traspaso a los servicios locales de educación y las distintas interpretaciones que los directores ejecutivos han realizado en torno a la ejecución de la norma de nueva educación pública, incentivo al retiro, etc.

“Estamos esperanzados de que este espacio nos permita generar un diálogo constructivo y poder visibilizar la realidad nacional de las y los Trabajadores de la Educación”, señaló nuestra presidenta nacional.

1. Oficiar al Ministerio de Educación para que informe sobre:

• Medidas adoptadas para corregir los errores del proceso 2024-2025,
• Medidas Preventivas para el proceso 2025-2026,
• Actualización del Decreto 123,
• Oferta de capacitación en Convivencia Escolar por parte de los sostenedores,
• Fecha de próxima jornada nacional de capacitación organizada por la Subsecretaría de Educación y
• Medidas para asegurar que las nóminas de beneficiarios se entreguen con anticipación para permitir impugnaciones dentro del plazo normativo.

2. Enviar un segundo oficio a la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda para que informe sobre:

• Estudios financieros relacionados con el proyecto de ley que otorgará la bonificación de zona a los Asistentes de la Educación y
• Los estudios que identifiquen artículos del Estatuto de los Asistentes que no generen gasto fiscal para su aplicación a las y los Asistentes de la Educación no traspasados

Agradecemos la voluntad de la Diputada Mónica Arce, en disponer de aquel espacio legislativo para buscar resoluciones ante esta situación que afecta directamente el patrimonio de los Asistentes de la Educación y sus familias.

Ver video https://www.youtube.com/watch?v=ZLr1wGo2Ax4

La iniciativa intenta dar respuesta a una serie de deficiencias que ha presentado el proceso de instalación de los SLEP y su respectivo traspaso en distintas partes del país.

Entre las modificaciones aprobadas se encuentran, entre otras:

A.- Asegurar un adecuado traspaso del servicio educativo.
Establece la obligatoriedad del Plan de Transición y establece la responsabilidad del alcalde o alcaldesa en la ejecución de las medidas para el saneamiento del servicio.
Se amplía de uno a dos años el plazo establecido legalmente para el traspaso de los establecimientos educacionales desde la creación del Servicio Local.
Amplía la posibilidad de solicitar la postergación del traspaso hasta el 2035, aún después de terminada la instalación del Sistema.
Se establece un procedimiento claro para determinar el momento indicado para la realización del traspaso de un establecimiento de administración delegada.

Se mejoran los deberes de municipios, corporaciones y SLEP que se relacionan con facilitar la postulación de trabajadores a los concursos cerrados para desempeñarse en el Servicio Local.
Se adecúan los plazos de dictación de resolución de traspaso y decreto alcaldicio, para agilizar los procesos críticos del traspaso.

B. Administración y apoyo técnico pedagógico en los SLEP.
Define las oficinas locales y asegura su creación ante el cumplimiento de ciertos criterios objetivos, relacionados a la conectividad, distancia y tiempo de traslado.
Incorpora la obligación del Ministerio de Educación de regular las funciones de las SEREMI en materia de infraestructura respecto de los SLEP.
Se define claramente la competencia de Unidad de Apoyo Técnico Pedagógico y DEPROV en materia de apoyo técnico pedagógico, teniendo la primera competencia respecto de los establecimientos educacionales y las segundas respecto de los Servicios Locales.

C. Fomentar la vinculación de los Servicios Locales con las comunidades con el fin de potenciar un liderazgo estratégico.
Se incorporan representantes de la educación parvularia, asistentes y educadoras que se desempeñan en establecimientos VTF, entre quienes integran el Consejo Local.
Se confieren nuevas atribuciones al Consejos Local, para fortalecer la participación de las comunidades educativas en aspectos estratégicos del Servicio.

D. Modifica las atribuciones de la Dirección de Educación Pública.
Se entrega la atribución de brindar lineamientos para el cumplimiento del Convenio de Gestión del Director Ejecutivo de un Servicio Local cuando se incumpla dicho instrumento, evitando así el incumplimiento grave y la generación de una crisis.
Se establece la facultad de que la Dirección de Educación Pública pueda impartir instrucciones generales vinculantes a los Servicios Locales en materias de gestión administrativa-financiera, únicamente para velar y promover que el actuar de éstos se adecúe a la normativa vigente.

E. Mejorar los mecanismos de coordinación y monitoreo del Sistema de Educación Pública.
Se modifica la norma que crea el Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública, determinando que ejercerá funciones de evaluación del sistema en régimen y no solo de la etapa de instalación.
Se modifica la mesa ejecutiva de coordinación regional, estableciendo la responsabilidad de citar y dirigir la instancia en el Delegado Presidencial respectivo, y la obligación de planificar su acción cada año.
Se crea un Comité de Ministros para el Sistema de Educación Pública con el objetivo de coordinar la acción entre distintos ministerios y fomentar la colaboración de los servicios públicos relacionados a ellos.

La demanda de nuestro sector siempre ha sido el percibir la Asignación de Zona contemplado en el decreto 249 del año 1974, beneficio que reciben todos los funcionarios públicos. En esa línea, logramos que en nuestro estatuto, ley 21.109, publicado en el diario oficial el 2 de octubre de 2018, se comprometiera en el artículo duodécimo transitorio la clausula “El Ministerio de Educación, conjuntamente con el Ministerio de Hacienda, efectuará, transcurrido un año desde la publicación de esta ley, un estudio sobre la pertinencia y viabilidad de aplicar la Asignación de Zona a los asistentes de la educación que sean traspasados a los Servicios Locales de Educación Pública, y a aquellos regidos por el decreto ley N° 3.166, de 1980.”.

El miércoles 30 de abril, el ejecutivo debe dar cuenta en la comisión de Educación del Senado del cumplimiento del “Compromiso de Educación” y previo a esto hemos sido convocados por ellos a una segunda jornada de trabajo, en la que esperamos que la propuesta del ejecutivo, de haberla, sea en la línea de lo que ya le hemos señalado.

Rechazamos categóricamente la intención del ejecutivo de crear una nueva bonificación de zona en consecuencia que nuestra demanda es y será el percibir la Asignación de Zona según decreto 249.